Analistas
políticos Venezolanos sostienen que nuestro país ha sido precursor en
comparación con el resto del continente. La lista comienza desde la propia
guerra de independencia hasta los recientes movimientos políticos.
En esta
apretada evolución debemos incluir la solución de controversias a través de
tribunales internacionales. Venezuela en una década sometió el diferendo
territorial con Colombia, a un arbitraje con la Corona Española en 1891; con el
Reino Unido por el territorio Esequibo en un Arbitraje en Paris en 1899 y
finalmente con los países acreedores de Venezuela, en un arbitraje en Estados
Unidos, luego del bloqueo de principios del siglo XX. Esas decisiones siempre
han sido consideradas por la sociedad venezolana como las culpables de
importantes pérdidas territoriales. En lo personal, tengo opiniones encontradas
al respecto, pero no es la intención de este artículo abordarlas. Lo que deseo
destacar es precisamente las percepciones que las sociedades pueden desarrollar
sobre las soluciones que los tribunales internacionales decretan y en especial
las consecuencias políticas que los gobiernos que promueven o administran esas
decisiones deben enfrentar. En esta ocasión me referiré a la decisión de la
Corte Internacional de Justicia en el caso entre Colombia y Nicaragua.
El juicio
en la Corte Internacional Justicia duró aproximadamente once años y la
estrategia nicaragüense, que inició el caso, se basaba en la legitimidad del
control de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés. En ese sentido,
Nicaragua perdió el caso. Sin embargo, en la aplicación del Derecho del Mar
contemporáneo por la Corte, esos islotes no generan todas las zonas bajo control
soberano de Colombia. De tal forma, este país perdió áreas marinas y submarinas
en un número importante. Sin embargo, los medios colombianos comenzaron a
especular con las cifras, con el futuro de los habitantes de San Andrés y las
posiciones que el Gobierno de Santos debía asumir.
En este
sentido, es imposible determinar realmente la perdida territorial, porque la
delimitación entre Colombia y Costa Rica nunca fue aceptada por este último.
Luego, las preocupaciones de los habitantes del archipiélago y la condición de
enclave de algunos islotes y por último las exigencias de la prensa en la
necesidad de desconocer el fallo de la Corte, exigiéndole a Santos de manera
expresa, que siguiera el mismo camino que Ronald Reagan en el caso con
Nicaragua.
Esta
decisión de la Corte ha puesto al Gobierno de Santos en una posición muy débil
frente al proceso de paz y la conducción del país en general. Cada quien tendrá
que asumir sus responsabilidades. Pero lo que nos toca ahora, será pensar que
los venezolanos que tenemos negociando más de cincuenta años los limites con Colombia
y Guyana, como que teníamos razón.
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