LImites y Gobernabilidad





Analistas políticos Venezolanos sostienen que nuestro país ha sido precursor en comparación con el resto del continente. La lista comienza desde la propia guerra de independencia hasta los recientes movimientos políticos.

En esta apretada evolución debemos incluir la solución de controversias a través de tribunales internacionales. Venezuela en una década sometió el diferendo territorial con Colombia, a un arbitraje con la Corona Española en 1891; con el Reino Unido por el territorio Esequibo en un Arbitraje en Paris en 1899 y finalmente con los países acreedores de Venezuela, en un arbitraje en Estados Unidos, luego del bloqueo de principios del siglo XX. Esas decisiones siempre han sido consideradas por la sociedad venezolana como las culpables de importantes pérdidas territoriales. En lo personal, tengo opiniones encontradas al respecto, pero no es la intención de este artículo abordarlas. Lo que deseo destacar es precisamente las percepciones que las sociedades pueden desarrollar sobre las soluciones que los tribunales internacionales decretan y en especial las consecuencias políticas que los gobiernos que promueven o administran esas decisiones deben enfrentar. En esta ocasión me referiré a la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso entre Colombia y Nicaragua.

El juicio en la Corte Internacional Justicia duró aproximadamente once años y la estrategia nicaragüense, que inició el caso, se basaba en la legitimidad del control de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés. En ese sentido, Nicaragua perdió el caso. Sin embargo, en la aplicación del Derecho del Mar contemporáneo por la Corte, esos islotes no generan todas las zonas bajo control soberano de Colombia. De tal forma, este país perdió áreas marinas y submarinas en un número importante. Sin embargo, los medios colombianos comenzaron a especular con las cifras, con el futuro de los habitantes de San Andrés y las posiciones que el Gobierno de Santos debía asumir.

En este sentido, es imposible determinar realmente la perdida territorial, porque la delimitación entre Colombia y Costa Rica nunca fue aceptada por este último. Luego, las preocupaciones de los habitantes del archipiélago y la condición de enclave de algunos islotes y por último las exigencias de la prensa en la necesidad de desconocer el fallo de la Corte, exigiéndole a Santos de manera expresa, que siguiera el mismo camino que Ronald Reagan en el caso con Nicaragua.

Esta decisión de la Corte ha puesto al Gobierno de Santos en una posición muy débil frente al proceso de paz y la conducción del país en general. Cada quien tendrá que asumir sus responsabilidades. Pero lo que nos toca ahora, será pensar que los venezolanos que tenemos negociando más de cincuenta años los limites con Colombia y Guyana, como que teníamos razón.

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