El largo
camino del derecho internacional para proteger a los ciudadanos de sus
gobiernos tiene más de 70 años. Todo comenzó cuando en un tribunal
internacional los criminales de guerra de la segunda guerra mundial rindieron
cuenta de sus acciones. Muchas cosas cambiaron en esa oportunidad, se
estableció la responsabilidad penal internacional individual de los
funcionarios de gobierno y se eliminó el concepto de obediencia debida, dejando
a cada ciudadano la responsabilidad en su conciencia de las acciones que
desarrolle.
Con el
tiempo los tratados de protección de derechos humanos fueron perfilando
esquemas regionales que establecieron límites a los gobiernos para proteger a
sus ciudadanos y otorgándoles a sus ciudadanos una jurisdicción internacional
que pudiera detener una violación o al menos establecer una indemnización que
reparará los daños.
Esta
filosofía fue creando una conciencia en los servidores públicos y especialmente
en los gobiernos sobre los límites internacionales que su acción interna posee.
Sin embargo, en los últimos años, una interpretación de los derechos
individuales como privilegios de un grupo frente a los derechos colectivos
representados por gobiernos temporales ha comenzado a empujar el sistema de
protección interamericana de derechos humanos en una senda contraria su propia
naturaleza.
Utilizar la
protección que un individuo tiene frente a su estado en beneficio de los
gobiernos de turno es una monstruosidad. La idea de evitar las reelecciones
indefinidas porque son una discriminación contra los jefes de estados frente al
resto de los particulares o recientemente intervenir en los órganos políticos y
sus juicios con argumentos de derechos humanos es un verdadero retroceso.
El poder
legislativo en todas partes del mundo representa a los ciudadanos y sus
preferencias políticas. En los sistemas parlamentarios quitan y ponen gobiernos
según su legitimidad. En Grecia, recientemente se tuvieron que repetir las
elecciones porque no conseguían un consenso; en España se dieron las elecciones
generales porque Zapatero perdió la confianza del Parlamento para gobernar,
para no hablar de Berlusconi en Italia o Tony Blair en Inglaterra. Ninguno de
esos políticos se refirió a golpes de estado o presento su caso frente al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero
tampoco en nuestro continente Collor de Mello en Brasil, Carlos Andres Perez en
Venezuela Abdalla Bucaram en Ecuador o Fernando de la Rua en Argentina
presentaron sus casos ante la Comisión Interamericana (CIDH).
Por eso que
la CIDH emita un comunicado expresando su “preocupación” por el juicio político
a un Presidente en ejercicio por parte del Senado de su propio país, demuestra que las fuerzas
empujan el sistema en una dirección donde parece más importante proteger a los
gobiernos que a sus ciudadanos.
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