Derechos Humanos y Presidentes


El largo camino del derecho internacional para proteger a los ciudadanos de sus gobiernos tiene más de 70 años. Todo comenzó cuando en un tribunal internacional los criminales de guerra de la segunda guerra mundial rindieron cuenta de sus acciones. Muchas cosas cambiaron en esa oportunidad, se estableció la responsabilidad penal internacional individual de los funcionarios de gobierno y se eliminó el concepto de obediencia debida, dejando a cada ciudadano la responsabilidad en su conciencia de las acciones que desarrolle.
Con el tiempo los tratados de protección de derechos humanos fueron perfilando esquemas regionales que establecieron límites a los gobiernos para proteger a sus ciudadanos y otorgándoles a sus ciudadanos una jurisdicción internacional que pudiera detener una violación o al menos establecer una indemnización que reparará los daños.
Esta filosofía fue creando una conciencia en los servidores públicos y especialmente en los gobiernos sobre los límites internacionales que su acción interna posee. Sin embargo, en los últimos años, una interpretación de los derechos individuales como privilegios de un grupo frente a los derechos colectivos representados por gobiernos temporales ha comenzado a empujar el sistema de protección interamericana de derechos humanos en una senda contraria su propia naturaleza.
Utilizar la protección que un individuo tiene frente a su estado en beneficio de los gobiernos de turno es una monstruosidad. La idea de evitar las reelecciones indefinidas porque son una discriminación contra los jefes de estados frente al resto de los particulares o recientemente intervenir en los órganos políticos y sus juicios con argumentos de derechos humanos es un verdadero retroceso.
El poder legislativo en todas partes del mundo representa a los ciudadanos y sus preferencias políticas. En los sistemas parlamentarios quitan y ponen gobiernos según su legitimidad. En Grecia, recientemente se tuvieron que repetir las elecciones porque no conseguían un consenso; en España se dieron las elecciones generales porque Zapatero perdió la confianza del Parlamento para gobernar, para no hablar de Berlusconi en Italia o Tony Blair en Inglaterra. Ninguno de esos políticos se refirió a golpes de estado o presento su caso frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero tampoco en nuestro continente Collor de Mello en Brasil, Carlos Andres Perez en Venezuela Abdalla Bucaram en Ecuador o Fernando de la Rua en Argentina presentaron sus casos ante la Comisión Interamericana (CIDH).
Por eso que la CIDH emita un comunicado expresando su “preocupación” por el juicio político a un Presidente en ejercicio por parte del Senado de su  propio país, demuestra que las fuerzas empujan el sistema en una dirección donde parece más importante proteger a los gobiernos que a sus ciudadanos.

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