El domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Rusia. Como era de esperarse, desde que se separó de la presidencia para convertirse en Jefe de Gobierno en el año 2008, Vladimir Putin obtuvo la victoria con más del 60%. La Constitución de la Federación Rusia prohíbe un tercer periodo consecutivo y Putin optó por convertirse en segundo al mando, mientras esperaba la confirmación de las elecciones para un tercer periodo.
El proceso electoral ha sido blanco de críticas permanentes, que a la fecha no han cesado. Desde las elecciones parlamentarias el año pasado, toda la agenda electoral rusa ha tenido un velo de dudas. La supervisión internacional del proceso concluido el domingo por parte de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE), en su reporte señaló la serie de problemas que plantearon las elecciones, donde destacó el marcado favoritismo hacia el Jefe de Gobierno, el manejo de los fondos del estado a favor de esa opción y en general una clara discriminación a favor de Putin y en contra de la oposición. Además, señaló el Reporte de la OSCE, que el árbitro electoral no cumplía con su función y la falta de condiciones mínimas para el ejercicio democrático de los rusos quedaba en entredicho.
La lluvia de protestas de la ciudadanía motivó una gran represión por parte del Ejecutivo Ruso, contándose por cientos los líderes opositores detenidos y encarcelados. La situación llegó a tal extremo, que el propio Vladimir Putin, tuvo que hacer un llamado a la Comisión Electoral Central, para que investigara todas las denuncias de la oposición, como una forma de acallar la creciente ola de descontento en todo el país.
Los hechos en Rusia abren un gran número de preguntas, donde no hay respuestas claras. El primero de los consensos que quedan claro de la situación en Rusia y en resto del mundo es que los dictadores ya no se permiten, cualquiera que sea el líder que quiera guiar los destinos de un estado, debe aparecer al menos de manera formal, como un gobernante electo. Esta situación, en ocasiones fruto de la ficción de algunos burócratas de oficio, encuentra un problema en los observadores internacionales. En muchas ocasiones sin mandatos claros o sin poderes para imponer un veto a las elecciones, pero que siembran para siempre la duda sobre la realidad del apoyo del político electo.
En el continente, los estados miembros de la OEA lograron el compromiso de la supervisión electoral en la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, la propia Carta establece la necesidad de negociar la participación de las misiones de observación electoral, entre la OEA y el órgano comicial.
Esta supervisión electoral necesita fuerza y legitimidad de la comunidad internacional, pero mientras las organizaciones internacionales sean un club de embajadores que representan a sus presidentes poco se podrá lograr. Sin embargo, siempre quedan esperanzas.
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