La OEA y Venezuela

Las protestas que ha vivido nuestra país durante las últimas semanas y la respuesta del gobierno, tanto a nivel jurídico, policial y político han desencadenado múltiples reacciones, tanto del colectivo como de muchas individualidades. Universidades, ONG y grupos de defensa de Derechos Humanos han denunciado el exceso en la represión de las protestas a todo nivel.

Sin embargo, un tema que ha causado generalizada conmoción es el papel de la Organización de Estados Americanos en esta crisis.  Las frases, juicios que la gente hace sobre la organización han sido de gran dureza, comprensible por el enfoque en el papel político del foro hemisférico y deja a un lado todo el trabajo de prevención y denuncia que los órganos técnicos han intentado desarrollar en el caso venezolano.

Desde el año 2002, la OEA viene haciendo un seguimiento de la situación venezolana. El 13 de abril del 2001 los países del continente decidieron activar la Carta Democrática Interamericana para condenar el golpe de estado y sobre todo abrir el proceso de dialogo mediante la Resolución No. CP/RES. 811 (1315/02).

Como consecuencia de esa decisión, el Secretario General Cesar Gaviria Trujillo se trasladó a Venezuela y dirigió una mesa de negociación y acuerdo entre los miembros del Gabinete del Presidente Hugo Chávez y los miembros designados por la oposición.  Por semanas se reunieron para lograr acuerdos de dialogo, que al final no llegaron a ningún avance concreto, más allá de sensibilizar al Gobierno Bolivariano de la forma en que debían manejarse la crisis política que vivió el país.

A partir de ese año todo el Sistema Interamericano, en particular el órgano principal de la OEA dedicado a los Derechos Humanos como es la Comisión Interamericana desarrollaron un seguimiento muy profundo de la situación en nuestro país, que lamentablemente dejó en claro que la actitud del Gobierno Bolivariano no mejoraba en cuanto al respeto a las obligaciones internacionales.

Luego de varios años de intentar lograr que el Gobierno permitiera el monitoreo, supervisión o cumplimiento de algunas recomendaciones, decisiones y sentencias, la Comisión Interamericana decidió en el año 2009 incluir a Venezuela en el Capitulo IV de su Informe Anual. Que la CIDH ubique a un país en esa lista, es motivo de preocupación por los países que pertenecen a ella, por el amplio expediente de violación de Derechos Humanos que en esos países ocurre,  la lista la integran a la fecha los siguientes países: Cuba, Honduras y Venezuela.

Revisar los diversos Informes que sobre Venezuela ha presentado la Comisión Interamericana desde el año 2009 permite entender que este órgano de la OEA preveía claramente la situación que se viviría el país cuando las circunstancias de gobernabilidad llegaran al limite en el cual se encuentran ahora.

Por ejemplo, en el Informe del año 2012 se señala lo siguiente: “En primer término, la Comisión ha identificado situaciones estructurales como las modificatorias normativas que implican restricciones legales y administrativas que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos en Venezuela.  Al respecto, la Comisión ha reportado por ejemplo, la adopción de leyes en el marco de la “Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan”, conocida como “Ley Habilitante”.  Asimismo, la Comisión ha observado de manera reiterada en sus Informes anteriores sobre Venezuela, situaciones estructurales como la de provisionalidad de los jueces y fiscales, la cual conlleva a la fragilidad del poder judicial y a su falta de independencia e imparcialidad, que impacta de manera negativa el ejercicio del derecho de acceso a la justicia.  Así también, ha identificado el uso abusivo del derecho penal, los obstáculos para los defensores de derechos humanos en el ejercicio de su labor; y la afectación a la libertad de expresión, entre otros temas de especial interés para la Comisión.  En segundo término, la Comisión ha identificado situaciones coyunturales, como por ejemplo, durante 2012 persisten las graves situaciones de inseguridad ciudadana y de violencia en los centros penitenciarios las cuales implican una afectación al ejercicio de los derechos humanos a la vida y a la integridad personal de los venezolanos, entre otros”

Mas adelante agrega, “La Comisión también refiere que en Venezuela no se ha garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno.(…) Asimismo, la CIDH determina la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas…”

El Mecanismo de los Informes, obliga a la Comisión a consultar su contenido con el gobierno, para poder resolver algunos de los temas planteados, previos a su publicación. Sin embargo el Gobierno Bolivariano no ha hecho los esfuerzos necesarios para acatar estas recomendaciones.

Es interesante que en el área de las protestas pacificas, la Comisión Interamericana aprobó lo siguiente:  “Abstenerse de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política y garantizar la pluralidad de espacios para el ejercicio democrático, incluyendo el respeto a las movilizaciones y protestas que se llevan a cabo en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica.”

Agrega además, respecto a los cuerpos que se usan para controlar las manifestaciones en la calles, lo siguiente: “La Comisión, reitera su preocupación respecto que, a través de la Milicia Nacional Bolivariana ciudadanos reciban entrenamiento militar y luego se incorporen a la vida civil para cooperar con el mantenimiento del orden interno.  La CIDH reitera enfáticamente que el entrenamiento militar no es adecuado para el control de la seguridad interna, por lo que el combate de la violencia en el ámbito interno debe corresponder únicamente a una fuerza policial civil debidamente entrenada que actúe en estricto apego a los derechos humanos.  A juicio de la Comisión, los ciudadanos que reciban entrenamiento militar no deben ser incorporados a las estrategias de defensa interna, así como tampoco debe desvirtuarse el rol de la sociedad en relación con la seguridad de la nación.”

Este Informe aprobado el año 2012 y que se refiere a hechos ocurridos en el pasado, finaliza con las siguientes recomendaciones para el Gobierno Bolivariano:

“1. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos a todas las personas, independientemente de su posición frente a las políticas del gobierno y adoptar las medidas necesarias para promover la tolerancia y el pluralismo en el ejercicio de los derechos políticos. (…)

3. Garantizar de manera efectiva la separación e independencia de los poderes públicos y, en particular, adoptar medidas urgentes para asegurar la independencia del poder judicial, fortaleciendo los procedimientos de nombramiento y remoción de jueces y fiscales, afirmando su estabilidad en el cargo y eliminando la situación de provisionalidad en que se encuentra la gran mayoría de jueces y fiscales.”

Todas estas recomendaciones, que son parte del Derecho Internacional, ya que son realizadas en desarrollo de un tratado conocido como la Carta de la OEA , tienen como objetivo prevenir lo que ha sucedido en nuestro país desde Febrero, obligando al Estado a que asuma sus compromisos sin que la administración del Señor Maduro tomará ninguna medida para ello.

Entonces, cuando nos referimos a la OEA en las conversaciones de calle o en diferentes foros estamos viendo las decisiones políticas que los embajadores representantes de los gobiernos electos toman, es decir, los representantes del club de presidentes toman en un foro político coyuntural, no el trabajo interno.  La OEA es algo mas complejo que los 32 embajadores sentados en el Consejo Permanente, por la propia decisión de los estados que la forman.

Desde el inicio de la creación de las organizaciones internacionales, en particular la OEA heredera directa de la idea del Congreso Anfictiónico de Panamá que convocará el Libertado Simón Bolívar, se ha insistido en institucionalizar áreas claves para sustraerlas de la coyuntura política. De allí que la propia OEA aprobara en 1948, en el marco del Bogotazo, una Comisión Independiente que pudiera monitorear y recomendar a los gobiernos acciones para mejorar el desempeño y respeto a los Derechos Humanos. Esa misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos que eligió como su primer Presidente a Rómulo Gallegos, como un símbolo y denuncia del escritor e intelectual derrocado por un golpe militar.

La OEA es una organización basada en un ideal común de dialogo y respeto a los Derechos Humanos, y que aglutina algo mas que la voluntad de los 32 países que la forman y que se inclina frente a las mayorías coyunturales. Lamentablemente, las mayorías circunstanciales, en ocasiones opacan el trabajo y el esfuerzo de la mayoría, que por décadas ha construido los consensos que impulsaron al democratización del continente.

Publicado por en Ambito Jurídico. Caracas Abril 2014.

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