Las protestas que ha vivido nuestra país durante las últimas
semanas y la respuesta del gobierno, tanto a nivel jurídico, policial y político
han desencadenado múltiples reacciones, tanto del colectivo como de muchas
individualidades. Universidades, ONG y grupos de defensa de Derechos Humanos
han denunciado el exceso en la represión de las protestas a todo nivel.
Sin embargo, un tema que ha causado generalizada conmoción
es el papel de la Organización de Estados Americanos en esta crisis. Las frases, juicios que la gente hace sobre
la organización han sido de gran dureza, comprensible por el enfoque en el
papel político del foro hemisférico y deja a un lado todo el trabajo de
prevención y denuncia que los órganos técnicos han intentado desarrollar en el
caso venezolano.
Desde el año 2002, la OEA viene haciendo un seguimiento de
la situación venezolana. El 13 de abril del 2001 los países del continente
decidieron activar la Carta Democrática Interamericana para condenar el golpe
de estado y sobre todo abrir el proceso de dialogo mediante la Resolución No. CP/RES. 811 (1315/02).
Como consecuencia de
esa decisión, el Secretario General Cesar Gaviria Trujillo se trasladó a
Venezuela y dirigió una mesa de negociación y acuerdo entre los miembros del
Gabinete del Presidente Hugo Chávez y los miembros designados por la oposición. Por semanas se reunieron para lograr acuerdos
de dialogo, que al final no llegaron a ningún avance concreto, más allá de
sensibilizar al Gobierno Bolivariano de la forma en que debían manejarse la
crisis política que vivió el país.
A partir de ese año
todo el Sistema Interamericano, en particular el órgano principal de la OEA
dedicado a los Derechos Humanos como es la Comisión Interamericana desarrollaron
un seguimiento muy profundo de la situación en nuestro país, que
lamentablemente dejó en claro que la actitud del Gobierno Bolivariano no
mejoraba en cuanto al respeto a las obligaciones internacionales.
Luego de varios años
de intentar lograr que el Gobierno permitiera el monitoreo, supervisión o
cumplimiento de algunas recomendaciones, decisiones y sentencias, la Comisión
Interamericana decidió en el año 2009 incluir a Venezuela en el Capitulo IV de
su Informe Anual. Que la CIDH ubique a un país en esa lista, es motivo de
preocupación por los países que pertenecen a ella, por el amplio expediente de
violación de Derechos Humanos que en esos países ocurre, la lista la integran a la fecha los siguientes
países: Cuba, Honduras y Venezuela.
Revisar los diversos
Informes que sobre Venezuela ha presentado la Comisión Interamericana desde el
año 2009 permite entender que este órgano de la OEA preveía claramente la
situación que se viviría el país cuando las circunstancias de gobernabilidad
llegaran al limite en el cual se encuentran ahora.
Por ejemplo, en el
Informe del año 2012 se señala lo siguiente: “En primer término, la Comisión ha
identificado situaciones estructurales como las modificatorias normativas que
implican restricciones legales y administrativas que afectan el goce y disfrute
de los derechos humanos en Venezuela. Al
respecto, la Comisión ha reportado por ejemplo, la adopción de leyes en el
marco de la “Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar
Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan”,
conocida como “Ley Habilitante”.
Asimismo, la Comisión ha observado de manera reiterada en sus Informes
anteriores sobre Venezuela, situaciones estructurales como la de
provisionalidad de los jueces y fiscales, la cual conlleva a la fragilidad del
poder judicial y a su falta de independencia e imparcialidad, que impacta de
manera negativa el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Así también, ha identificado el uso abusivo
del derecho penal, los obstáculos para los defensores de derechos humanos en el
ejercicio de su labor; y la afectación a la libertad de expresión, entre otros
temas de especial interés para la Comisión.
En segundo término, la Comisión ha identificado situaciones
coyunturales, como por ejemplo, durante 2012 persisten las graves situaciones
de inseguridad ciudadana y de violencia en los centros penitenciarios las
cuales implican una afectación al ejercicio de los derechos humanos a la vida y
a la integridad personal de los venezolanos, entre otros”
Mas adelante agrega,
“La Comisión también refiere que en Venezuela no se ha garantizado a todas
las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su
posición frente a las políticas del gobierno.(…) Asimismo,
la CIDH determina la existencia de un patrón de impunidad en los casos de
violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores
sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas
que participan en manifestaciones públicas…”
El Mecanismo de los
Informes, obliga a la Comisión a consultar su contenido con el gobierno, para
poder resolver algunos de los temas planteados, previos a su publicación. Sin
embargo el Gobierno Bolivariano no ha hecho los esfuerzos necesarios para
acatar estas recomendaciones.
Es interesante que en
el área de las protestas pacificas, la Comisión Interamericana aprobó lo
siguiente: “Abstenerse de ejercer
represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar
a personas en virtud de su opinión política y garantizar la pluralidad de
espacios para el ejercicio democrático, incluyendo el respeto a las
movilizaciones y protestas que se llevan a cabo en ejercicio del derecho de
reunión y manifestación pacífica.”
Agrega además,
respecto a los cuerpos que se usan para controlar las manifestaciones en la
calles, lo siguiente: “La Comisión, reitera su preocupación respecto que, a
través de la Milicia Nacional Bolivariana ciudadanos reciban entrenamiento
militar y luego se incorporen a la vida civil para cooperar con el
mantenimiento del orden interno. La CIDH
reitera enfáticamente que el entrenamiento militar no es adecuado para el
control de la seguridad interna, por lo que el combate de la violencia en el
ámbito interno debe corresponder únicamente a una fuerza policial civil
debidamente entrenada que actúe en estricto apego a los derechos humanos. A juicio de la Comisión, los ciudadanos que
reciban entrenamiento militar no deben ser incorporados a las estrategias de
defensa interna, así como tampoco debe desvirtuarse el rol de la sociedad en
relación con la seguridad de la nación.”
Este Informe
aprobado el año 2012 y que se refiere a hechos ocurridos en el pasado, finaliza
con las siguientes recomendaciones para el Gobierno Bolivariano:
“1. Garantizar el
pleno ejercicio de los derechos políticos a todas las personas,
independientemente de su posición frente a las políticas del gobierno y adoptar
las medidas necesarias para promover la tolerancia y el pluralismo en el
ejercicio de los derechos políticos. (…)
3. Garantizar de
manera efectiva la separación e independencia de los poderes públicos y, en
particular, adoptar medidas urgentes para asegurar la independencia del poder
judicial, fortaleciendo los procedimientos de nombramiento y remoción de jueces
y fiscales, afirmando su estabilidad en el cargo y eliminando la situación de
provisionalidad en que se encuentra la gran mayoría de jueces y fiscales.”
Todas estas
recomendaciones, que son parte del Derecho Internacional, ya que son realizadas
en desarrollo de un tratado conocido como la Carta de la OEA , tienen como
objetivo prevenir lo que ha sucedido en nuestro país desde Febrero, obligando
al Estado a que asuma sus compromisos sin que la administración del Señor
Maduro tomará ninguna medida para ello.
Entonces, cuando nos
referimos a la OEA en las conversaciones de calle o en diferentes foros estamos
viendo las decisiones políticas que los embajadores representantes de los
gobiernos electos toman, es decir, los representantes del club de presidentes
toman en un foro político coyuntural, no el trabajo interno. La OEA es algo mas complejo que los 32
embajadores sentados en el Consejo Permanente, por la propia decisión de los
estados que la forman.
Desde el inicio de
la creación de las organizaciones internacionales, en particular la OEA
heredera directa de la idea del Congreso Anfictiónico de Panamá que convocará
el Libertado Simón Bolívar, se ha insistido en institucionalizar áreas claves
para sustraerlas de la coyuntura política. De allí que la propia OEA aprobara
en 1948, en el marco del Bogotazo, una Comisión Independiente que pudiera
monitorear y recomendar a los gobiernos acciones para mejorar el desempeño y
respeto a los Derechos Humanos. Esa misma Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que eligió como su primer Presidente a Rómulo Gallegos, como un símbolo
y denuncia del escritor e intelectual derrocado por un golpe militar.
La OEA es una organización
basada en un ideal común de dialogo y respeto a los Derechos Humanos, y que aglutina
algo mas que la voluntad de los 32 países que la forman y que se inclina frente
a las mayorías coyunturales. Lamentablemente, las mayorías circunstanciales, en
ocasiones opacan el trabajo y el esfuerzo de la mayoría, que por décadas ha
construido los consensos que impulsaron al democratización del continente.
Publicado por en
Ambito Jurídico. Caracas Abril 2014.
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