La Corte
Internacional de Justicia de la Haya dictó su sentencia en el caso entre
Nicaragua y Colombia, casi 11 años después de que él primero introdujera la
demanda ante la máxima instancia internacional.
La
complejidad de la sentencia, desde el punto de vista jurídico requerirá mucho
análisis. Las 98 páginas que constituyen el fallo, deben ser objeto de muchas
interpretaciones, porque aunque la jurisprudencia no es vinculante para futuras
decisiones de la Corte, sus juicios orientan la opinión de los Magistrados.
La Corte
Internacional de Justicia, como muchos órganos internacionales de solución de
controversias, quiso jugar un papel de mediador, dando a cada parte algo. Es
decir, muchos órganos judiciales internacionales tratan de evitar con sus
fallos, que alguna de las partes se sienta ganador y la otra perdedora. De esa
manera tratan de buscar una supuesta justicia distributiva, como forma de ganar
legitimidad.
Nicaragua
en su demanda reivindicaba la soberanía sobre el archipiélago de San Andres y
conjunto de islotes que conforman esa región colombiana. En ese sentido, Nicaragua no obtuvo lo que
estaba buscando, de tal forma que no se puede decir que haya ganado. Pero
tampoco perdió, ya que en la interpretación del Derecho del Mar que hizo la
Corte Internacional de Justicia modificó las zonas bajo control de Colombia,
otorgándole a Nicaragua áreas que algunos analistas colombianos calculan en más
de 150.000km2. Además, para poder ejecutar esta nueva delimitación, la Corte
Internacional de Justicia, dejó los islotes colombianos, aislados en aguas bajo
soberanía nicaragüense, creando entonces enclaves colombianos en territorio
nicaragüense.
Esta
interpretación ha impactado al Gobierno Colombiano, a la sociedad colombiana
pero especialmente a los habitantes y pescadores de San Andrés. Por ello, el Presidente Santos y la Canciller
Uribe han señalado que buscaran todas las medidas posibles para proteger a San
Andrés y sus habitantes. El Congreso
Colombiano, insistentemente le exige al Ejecutivo un pronunciamiento que podría
ir desde el desconocimiento de la sentencia, como ya se ha solicitado, hasta el
retiro total de la competencia a la Corte Internacional de Justicia para temas
territoriales.
Ninguna de
esas medidas devolverá la soberanía colombiana sobre los cuerpos de agua
asignados a Nicaragua, pero si deterioran la imagen de legalidad y respeto del
derecho internacional, que siempre ha usado Colombia en sus relaciones
internacionales. Pero más allá de
cualquier medida que pudiera tomar el vecino país, esta decisión debe ser
estudiada por nosotros frente a nuestras reclamaciones territoriales al este y
al oeste, ya que la forma como la Corte Internacional de Justicia aplica el
derecho es muy relevante, aunque nuestro país no reconozca la jurisdicción de
esa instancia para resolver controversias.
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