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| ARMANDO AVELLANEDA | |
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Caracas fue testigo la semana pasada del inicio de las negociaciones entre Colombia y Venezuela para aprobar un tratado que norme el comercio entre ambos países, en sustitución del Acuerdo de Cartagena de 1969, que da vida a la Comunidad Andina, esquema que Caracas abandonará oficialmente en abril de 2011.
Se cumplió así con la Declaración de Santa Marta, del 10 de agosto, en la que los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez reanudaron las relaciones bilaterales, rotas en julio, y crearon una comisión para abordar el asunto comercial. El CIA FactBook señala que en 2009 más de 14% de las importaciones de Venezuela se adquirió en Colombia, país que para Caracas es uno de los cuatro principales socios comerciales.
La actividad cayó a partir de 2009, cuando en julio de ese año Bogotá anunció la firma de un acuerdo militar con Washington y Caracas respondió reduciendo la compra de sus productos. La discusión se llevó con discreción. Una de las pocas declaraciones la dio el 8 de noviembre el ministro de Comercio de Colombia, Sergio Díaz-Granados. Bogotá quiere un comercio lo más amplio posible, con reglas estables; Caracas, uno administrado, equitativo y justo , precisó.
Especialistas no ven claro el futuro del texto. Insisten en que la mejor salida es volver a la CAN, de la que Venezuela fue parte desde 1973 y uno de sus líderes. Argumentan que es el espacio geopolítico natural del país; un mercado que para 2008 tenía más de 96,9 millones de habitantes con un producto interno bruto superior a 407,9 millardos de dólares al que se exportan productos no tradicionales, lo que diversifica la economía, refuerza la generación de conocimiento y empleo. También es un lugar donde se garantiza el comercio justo y equitativo. Insisten en que el Gobierno no erró en querer ingresar en el Mercosur sino en salir de la CAN. Advierten que el país debe enfrentar un problema en el que el Gobierno lo metió el 27 de abril de 2005, cuando se oficializó el retiro, con un equipo negociador que luce débil. Luego tendrá que hacer lo mismo con Ecuador, Bolivia y Perú, miembros del esquema de integración.
Libre comercio Félix Arellano, director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV, es poco optimista. Teme que Colombia intente imponer un tratado de libre comercio -apertura de los mercados- como el que negoció con Estados Unidos y que sirvió como excusa para la salida de Venezuela de la CAN. Vamos a una negociación difícil con un país organizado, que escucha a la sociedad, algo que no creo ocurra aquí. Temo que Venezuela, con una economía desmoronándose, con un equipo negociador incapaz y con un dedo que lo decide todo, firme un cheque en blanco a favor del vecino". Arellano expresa que Caracas lo hará por tener una posición de debilidad. No quiere que se hable de las FARC, de las laptops, de vínculos ETAFARC y sí quiere evitar escasez e inflación para las elecciones de 2012; por eso firmará, para evitar el avispero , afirma.
Según el profesor de la UCV, el acuerdo beneficiará a Colombia porque no tendrá salvaguardias ni buscará la protección del empresariado venezolano, que define como menos productivo y competitivo que el del país vecino. No habrá tratado diferenciado ni equidad ni salvaguardias y sí asimetrías. El consumidor se beneficiará porque tendrá importación fácil, pero será un golpe de extinción para los productores, en línea con la estrategia del Gobierno de destruir industrias", agrega. Descarta que el texto sea una colcha de retazos del Acuerdo de Cartagena. "Hay 1.400 resoluciones y 740 decisiones que forman el ordenamiento jurídico andino. Por ejemplo, el documento no dice casi nada sobre competencia desleal, porque está desarrollada en las decisiones, que debería incluir , alerta.
El diplomático Gerson Revanales es de la misma opinión de Arellano. Colombia vendrá a imponernos un acuerdo de libre comercio, que en terminología anglosajona es lo que llamamos tratados de complementación, que están dentro de la Aladi", apunta. Ratifica que la meta de Bogotá es un texto liberal. "El Gobierno sabe que si no hay suministro puede venir el desabastecimiento, por eso lo aceptará". Coincidió en descartar que Caracas incluya en la negociación a los empresarios y productores. "Se discutirá lo que el Gobierno piensa sin conocer nuestra capacidad de respuesta en el sector privado. Por ejemplo, si establecen aranceles, deben ser altos porque nuestros empresarios necesitan la mayor protección posible; no sé si el Ejecutivo lo haga", señala. Revanales añade que desconoce qué se pudiera incluir en ese tratado de la Alternativa Bolivariana para las Américas.Recordó que uno de los puntos clave de las conversaciones será aligerar los trámites que dificultaron el comercio y que están relacionados con Cadivi. Empresarios colombianos aseguran que Venezuela les debe 800 millones de dólares, de los cuales se han pagado más de 350 millones.
Tratado asimétrico A diferencia de Arellano y Revanales, Juan Carlos Sainz, profesor de Derecho Internacional de la UCV, no cree que se llegue a algo cercano al libre comercio. "Es inaceptable para el Ejecutivo venezolano". La apuesta será el "modelo socialista relacionado con la URSS"; un tratado asimétrico en el que se establecerán cuotas para el ingreso de los productos colombianos, agrega. "Hablamos de un comercio administrado, en él se fijan los elementos que son prioritarios para mi economía y yo, gobierno, permito la importación en función de mis necesidades", apunta.
Refiere que el beneficio para Bogotá será mantener su línea de pragmatismo y garantizar la colocación de sus productos en Venezuela en cuotas sin importar los empresarios locales. "No exigirá reciprocidad para Caracas. Se violarán los principios de la Organización Mundial del Comercio y en algún momento nos demandará por falta de transparencia, discriminación y establecimiento de cuotas", asevera. Las diferencias se resolverían por la vía diplomática, con arreglos entre los Estados. "Lo mejor es volver a la CAN, lo que impone obligaciones como el tratamiento igualitario al capital extranjero, mantener garantías para el libre comercio, protección a la competencia, leyes antidumping. Eso tendría un costo muy alto para el Ejecutivo", advierte.
José Briceño, investigador del Centro de Estudios de Frontera e Integración de la ULA-Táchira, descarta que se tome la CAN como referencia de la negociación. "Colombia pedirá la reducción más amplia de aranceles; un mecanismo de pagos seguro para el comercio, y la protección de la inversión. Venezuela mirará el Alba y planteará un comercio equitativo -justo que no es fácil medirlo-, por allí vendrán reclamos y formas de comercio administrado y cuotas para ciertos productos", precisa. Vaticina que las negociaciones serán muy duras, tomando en consideración que los actores tienen dos posiciones muy distintas en materia de integración. "Probablemente se llegue a un acuerdo de mínimos comunes para preservar el comercio, lo que Colombia quiere vender, lo que Venezuela necesita comprar -bienes de primera necesidad escasos-.
Cuestiones como comercio justo y equitativo quedarán al margen".
Asegura que uno de los temas de mayor interés será el pago de la deuda que Caracas tiene con importadores colombianos. "Bogotá tiene una fortaleza negociadora, es el proveedor natural nuestro. Pero también necesita del mercado venezolano. Lo conveniente es una relación comercial vital para la estabilidad política de ambos, y eso implica una mínima convergencia de intereses", apunta.
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