Esta semana se cumplió el plazo de un año que establece el
Pacto de San José para que entrará en efecto la denuncia de Venezuela de la
jurisdicción al Sistema de Protección de Derechos Humanos. La comunicación que entregó el entonces
Ministro de Relaciones Exteriores Nicolás Maduro denunciaba el Pacto de San
José, así como la competencia de los órganos del Sistema de Protección de
Derechos Humanos, Corte y Comisión.
Sin embargo, la Secretaría General de la OEA no se pronunció
sobre los elementos que integraban la denuncia y que excedían el simple acto
unilateral de culminar los efectos que como jurisdicción tiene la Corte
Interamericana, tal y como lo prevé el Tratado. De esta manera eludió
pronunciarse sobre el tema y continuó el camino que los órganos del Sistema
Interamericano han tenido con el Gobierno Bolivariano, no confrontarse. Los Embajadores ante el órgano
interamericano, los agentes del estado y otros funcionarios que han abordado el
tema, de manera permanente han usado un lenguaje poco apropiado para el foro en
que todos los estados interactúan y que nadie ha intentado detener.
De tal forma, que podemos esperar que en los próximos días
el Gobierno Bolivariano no acepte ningún caso ante la Comisión Interamericana.
Sin embargo, la Comisión es uno de los órganos fundamentales de la OEA, creado
en 1959 por la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y que para poder
denunciarla, sería necesario que el Gobierno Bolivariano denunciara la propia
pertenencia a la organización.
La salida de Venezuela del Sistema de Interamericano Protección
deja en un estado de indefensión a los ciudadanos que en nuestro país no
tendrán la oportunidad de elevar su queja individual a un nivel internacional y
buscar una reparación para la violación de los Derechos Humanos de las
victimas. Sin embargo, una colega me
dijo que al final no tendría ningún efecto práctico, que no habría diferencia, porque
el Gobierno Bolivariano no había reconocido ninguna de las sentencias recientes.
Quizás esa sea la clave de lo que nos depara el futuro, una
vez que las denuncias tramitadas dentro del Sistema, culminen sus procesos, el
Gobierno Bolivariano no tendrá ningún limite o foro donde responder o explicar
la actitud en casos individuales. Sin
embargo, la diferencia se verá y el deterioro en la calidad del ejercicio de
los Derechos Humanos lo notaremos todos.
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