La no injerencia en los asuntos internos de los estados es
una de las piedras fundamentales del derecho internacional clásico. Y hago la
diferencia entre el clásico y el más contemporáneo, por que en décadas
recientes, los propios estados miembros de la comunidad han desarrollado un
cuerpo normativo y doctrinal que permite, en contados y bien explicados casos,
interferir en los asuntos internos de un estado. Estas excepciones son
básicamente la protección de los derechos humanos de la población de un país y
por extensión, el evitar la comisión de crímenes internacionales que hoy forman
parte del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, como son el
genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión.
La acción internacional para evitar todos estos delitos se
construyó alrededor de lo que se conoció hace algunos años como la
Responsabilidad para Proteger (R2P por sus siglas en ingles) que permite la
actuación de la comunidad internacional organizada para reprimir esos crímenes.
En nuestro continente, por ejemplo, los Estados miembros de
la OEA consideraron importante extender esa capacidad de intervenir cuando la
democracia como forma de gobierno ha sido rota, tal y como establece la Carta
Democrática Interamericana.
Todo esta revisión doctrinaria y legal tiene como objetivo
dar base legal al rechazo de las declaraciones de algunos jefes de estado y ex
jefes de estado sobre la situación electoral que se vive en Venezuela luego de
las elecciones en abril pasado.
Las declaraciones, por ejemplo, del Presidente Rafael Correa
constituyen un ejercicio de intervención absolutamente inaceptable por parte de
la comunidad democrática del hemisferio y del mundo entero. Calificar a Henrique Capriles como golpista,
coloca al representante del pueblo de Ecuador en una difícil posición, frente a
un gobernador electo de un estado de la Federación Venezolana y que además,
según las cifras del CNE solo tiene 1,48% menos que Nicolás Maduro, la persona
que permaneció en el ejercicio de la presidencia de la República.
Lamentablemente las declaraciones de Rafael Correa no son
las únicas que se han dado en los últimos años, pero desgraciadamente son de
las más graves, ya que provienen de un presidente de un país política e
históricamente muy ligados al nuestro y no emiten un juicio sino que acusan de
un delito. Solo basta con recordar las declaraciones de Álvaro Uribe, Lula Da
Silva o en menos medida Cristina Fernández, para reconstruir rápidamente la
dimensión del problema al que estoy haciendo referencia.
Responsabilidad en velar por los derechos humanos, si;
denunciar crímenes y atrocidades contra la población, si; ayudar a buscar una
solución a un gran conflicto con dialogo, si; intervenir por un partido o una
facción en un conflicto, no. Definitivamente no.
Articulo publicado el 3 de mayo del 2013 en el diario Tal Cual de Caracas
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