Compartía en una reunión en días pasados la mesa con el
Relator de Naciones Unidas para un país con graves problemas de derechos
humanos. Intercambiamos sobre las dificultades de lograr el respeto a las
garantías básicas por parte de gobiernos no democráticos o en transición a ella.
Sin embargo, en algún momento me comentó, haciendo alusión a
mi nacionalidad venezolana, que en las diferentes reuniones en el seno de la
ONU, el Embajador de la República
Bolivariana de Venezuela, en unión de otros embajadores como Corea del Norte o Irán,
siempre rechazaban las relatorías de país, como una expresión de intervención
en los asuntos internos, aunque ellas significaran avances en la gobernabilidad
o calidad de vida de la población del país.
Me comentaba, con cierta tristeza, esa voz tan peculiar que el Gobierno
Bolivariano había asumido, alejado de su gran compromiso histórico en América
Latina con los Derechos Humanos.
Quisiera concatenar este comentario informal, con la
declaración del Canciller de Uruguay, Luis Almagro, en el marco de la 43º
Asamblea General de la OEA, cuando formulaba a los países de la izquierda
latinoamericana que se equivocaban con su discurso en contra del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. Afirmaba a continuación que para la
izquierda latinoamericana el discurso en defensa de los Derechos Humanos y de
sus mecanismos de protección habían estado siempre en el corazón de la práctica
de sus trabajos, pero también de la protección de muchos de los activistas y
militantes que habían sufrido de las persecuciones a todo lo largo de la
región.
Estas dos reflexiones obligan a revisar lo que sucede en
Venezuela, en ocasión del tipo de socialismo que se esta desarrollando y la
relación con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los órganos de supervisión y en general de la
acción internacional.
El paradigma que la sociedad contemporánea espera lograr
tiene que ver con el total desarrollo de la persona humana, independientemente
de su raza, edad, religión, sexo o condición social. El mandato de la comunidad
internacional para la supervisión de todos los países en la consecución de los
objetivos, se ha resumido como los objetivos del Milenio aprobados por la ONU.
En el contexto político que vive Venezuela, la ausencia de
los mecanismos de supervisión internacional, el bloqueo de observación
internacional de los organismos internacionales, el desacato de las decisiones
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y Consejo de Derechos Humanos, por solo nombrar algunos, están
contribuyendo a cerrar las puertas a las soluciones cooperativas en política.
No tener opciones en política es siempre un problema y cuando esa percepción se
materializa en la población, todos perdemos.
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