El Derecho
Internacional contemporáneo establece la obligación de los países miembros de
una cuenca hidrográfica internacional de trabajar de manera conjunta para su
desarrollo armónico.
Los planes
que adelanta el Gobierno Colombiano en la cuenca del Orinoco deben llamar
nuestra atención. El Gobierno del vecino país presentó en el Plan de Desarrollo
Nacional 2010-2014, un ambicioso proyecto para un intenso desarrollo agrícola
en la Orinoquia, en una zona conocida como la Altillanura Colombiana, ubicada entre el rio Guaviare al sur y el río
Meta en la frontera con Venezuela al norte, el río Orinoco por el oeste y al
este el piedemonte andino en la zonas cercanas a Puerto Lopez y Villavicencio.
El
ambicioso plan contempla inversiones por el orden de US $ 800 millones, que
aspiraban crear una potencia agrícola, similar al “cerrado” brasileño y
convertir de esa manera a Colombia en una potencia agrícola. El Gobierno
Colombiano contempla la creación de una corporación de desarrollo especial para
la zona y un plan de infraestructura que permita el aprovechamiento de todos
estos recursos.
Sin
embargo, el proyecto fue inesperadamente detenido por la Corte Constitucional
Colombiana, como consecuencia del cambio que introdujo el Gobierno de Santos en
un concepto legal denominado “Unidad Agrícola Familiar” (UAF) el cual garantiza
a los pequeños adjudicatarios y agricultores una cantidad de tierra. Este
concepto fue flexibilizado por el Plan de Desarrollo para la participación de grandes
capitales que permitieran una explotación intensiva y altamente productiva.
Por ahora,
el Plan de Desarrollo de la Altillanura Colombiana se encuentra entrampado en
los vaivenes legales del vecino país, pero para nuestro país el tema reviste la
mayor importancia. El Plan de Desarrollo
propuesto por Colombia se ejecutaría en el medio de la cuenca del río Orinoco y
sus consecuencias se sentirían de inmediato en la calidad de las aguas de
nuestro padre río, aunado al proceso de deterioro que la explotación petrolera
en las llanuras colombianas, así como la propia lucha contra el narcotráfico
han introducido en las zonas de influencia de la Cuenca del Orinoco.
Es
imperativo para el Gobierno de Venezuela continúe las negociaciones integrales
sobre las cuencas hidrográficas para el establecimiento de un plan integral de
desarrollo conjunto, no solo del Orinoco sino del conjunto de cuencas
hidrográficas compartidas entre los dos países, para evitar que proyectos
unilaterales en el país vecino puedan causar daños graves al estado general de
las cuencas conjuntas. Este es un imperativo respaldado por el Derecho
Internacional y la responsabilidad de cuidar el ambiente para las generaciones
futuras.
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