Esta semana
que concluye con dos hechos en la América Andina que obligan a replantear el
tema de la libertad de prensa e información y la relación entre los gobiernos y
los comunicadores.
El primero
de los hechos, el más reciente capítulo de la saga del Presidente Correa en
contra de los medios de comunicación privados.
En su programa de radio y televisión de los días sábados “Enlace
ciudadano” denunció al periódico “La Hora” como prensa corrupta y frente a las
cámaras, rompió un ejemplar del diario.
Desde el inicio el gobierno de Correa se ha enfrentado a los medios
privados, logrando condenas judiciales
de toda índole en contra de quienes los critican, desde el cierre de
medios hasta una indemnización de 40 millones en contra del periódico “El
Universo”.
El segundo
de los hechos sucedió en Colombia, con la liberación por parte de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) del periodista francés Roméo
Langlois, después de mantenerlo por más de un mes. Las primeras declaraciones
del periodista defendían el buen trato que le habían dado sus secuestradores,
que era “un invitado”, que le habían “cargado el morral y llevaban un
colchón”. Agrego luego que "Son
pobres matándose entre pobres,(…), a veces la prensa y el gobierno ha logrado
vender imágenes distorsionadas, pero cuando uno viene a estas zonas ve que la
realidad es más compleja".
El
periodista fue capturado por las FARC cuando acompañaba al Ejercito Colombiano
en un operativo para desmantelar centros de producción de drogas o laboratorios
de drogas controlados por los grupos guerrillero
Estos dos
hechos son los extremos de un debate latinoamericano, pero también mundial
¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Puede un presidente
romper en un gesto de violencia en cámaras un periódico que lo critica o un
periodista afirmar que un grupo guerrillero es simplemente un conjunto de pobres
que luchan con la venta internacional de narcóticos?
El Derecho
Internacional de los Derechos Humanos ha intentado establecer ciertos limites
en el tema, dejando claro algunos extremos. Los directores y editores de
la Radio-Televisión Libre de las Mil
Colinas (RTLM) de Ruanda fueron sentenciados a cadena perpetua por incitar al genocidio
durante los 100 días que duró la masacre en el país africano. Desde la condena
a Julius Streicher durante los
juicios de Núremberg, los medios no pueden utilizarse para realizar apologías
al odio de un grupo contra el otro, así ese instigador sea el propio presidente
de un país o a justificar las agresiones de un grupo en guerra en contra del
otro grupo, aunque este sea un corresponsal extranjero.
En esta
época donde las mayorías precarias pretenden aplastar a las minorías
disminuidas con un supuesto mensaje de legitimidad frente a los otros. Allí es donde se hace necesario la participación
de la comunidad internacional gobiernos, organizaciones internacionales
gubernamentales y no gubernamentales para lograr el equilibrio entre estas
fuerzas.
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