La actuación internacional del estado se divide en dos, las relaciones diplomáticas y las consulares. Esta división es fundamental en el Derecho Internacional, tanto que ambas tienen regulaciones distintas. Por ejemplo, los diplomáticos tienen inmunidad diplomática; los cónsules, no. Podrían romperse las relaciones diplomáticas y aún permanecer los consulados abiertos, como ya sucedió entre Venezuela y Colombia hace algún tiempo.
¿Por qué estas diferencias? Los diplomáticos representan al Estado e incluso, podríamos decir que los Embajadores a los Gobiernos e incluso al propio Presidente. El caso de los cónsules es asunto totalmente distinto.
Según el artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la primera función de un cónsul es “proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional”. Como podemos ver, la lógica de las relaciones es totalmente distinta de la diplomática, donde lo principal es el elemento político, en el consular es la gente. Se puede cerrar una embajada sin ningún problema o repercusión inmediata para los ciudadanos de un país, pero no un consulado.
Analicemos algunos de los problemas planteados a partir del cierre de la Consulado General en Miami. El Gobierno Bolivariano se ha referido al “cierre administrativo” del Consulado, lo cual nuevamente enriquece el vocabulario internacional vernáculo con un concepto inexistente en las relaciones internacionales hasta ahora. Este concepto recuerda las fechas en las cuales el Canciller José Vicente Rangel se refería a los “refugiados en tránsito” en la frontera con Colombia.
Legalmente el consulado está abierto o cerrado. Si el Gobierno decide cerrarlo debe notificar al Departamento de Estado de los Estados Unidos, de acuerdo al Artículo 4 de la Convención de Viena. Incluso, según la referida Convención el Gobierno Bolivariano está en la obligación de notificar al Departamento de Estado cuales serán las oficinas consulares que se encargaran ahora de velar por los intereses de los venezolanos.
Si la oficina del Consulado General en Miami permanece cerrada de manera indefinida, podría crear problemas para el propio Gobierno de Estados Unidos, ya que debería designarse a una autoridad para que se entienda con el Gobierno Federal de las diversas situaciones fácticas que pudieran presentarse como consecuencia del abandono de una sede consular y las obligaciones internacionales que para EE.UU. como país receptor implica el cuidado de las oficinas y los privilegios y consideraciones que posee la sede y sus archivos.
Sin embargo y más allá del Derecho Internacional, la medida es desafortunada para la comunidad venezolana más grande que habita fuera de nuestro país y crea un estado de inseguridad inaceptable para quienes tienen que cumplir cientos de trámites, creados por el propio gobierno que cerró el consulado.
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