Decía un viejo profesor maracucho, antiguo Director de mi Escuela de Derecho en la UCV, refiriéndose a las obligaciones en derecho civil, “que una mujer estaba preñada o no estaba preñada, pero medio preñada no está.”
Esta reflexión de mis primeros años de formación jurídica es lo que gira en mi mente al ver la acción del Gobierno Bolivariano en el Examen Periódico Universal que se llevó a efecto hace una semana en la sede de la ONU en Ginebra. Si el Examen Periódico Universal no es una obligación emanada del Derecho Internacional, ¿Por qué fueron?, ¿Por qué el Gobierno asistió?
El despliegue de recursos por parte del gobierno fue abrumador en todos los sentidos. La frase del Canciller Maduro, refiriéndose al “arrollador” apoyo de la comunidad internacional, podría ser mejor utilizada para describir su acción en Ginebra. La Delegación Oficial viajó con todos los privilegios e inmunidades, mientras que los representantes de las ONG tenían que justificar una y otra vez frente a CADIVI y oficiales de la Guardia Nacional en el aeropuerto el motivo del viaje a Europa.
Pero el resultado concreto de este Examen Periódico Universal es claro: 148 observaciones, 148 llamados de atención de la comunidad internacional sobre las prácticas del Gobierno Bolivariano, 148 violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Analicemos la respuesta del Gobierno Bolivariano respecto de estas cifras: en palabras del Presidente Chávez 26% fueron rechazadas por considerarlas “irrespetuosas”. En este 26% se encuentran: reclamos por la falta de independencia del poder judicial, el acoso a las ONG, la falta de control sobre el tráfico de armas y los comentarios anti-semitas de funcionarios de alto nivel. El Gobierno aceptó que el 51% de las recomendaciones, además de un 10% adicional por desarrollar a partir del mes de marzo del 2012, son una labor pendiente en relación con los compromisos jurídicamente validos con la comunidad internacional. El Gobierno Bolivariano aceptó que 13% de las recomendaciones, es decir 20, representan un incumplimiento de su parte con relación el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En estos incumplimientos, el Gobierno Bolivariano aceptó los graves problemas penitenciarios, la falta de medidas de políticas apropiadas en materia de inseguridad, los problemas para que las ONG puedan actuar en Venezuela, entre otros.
Entonces, si aceptó que esos incumplimientos eran una correcta apreciación de la comunidad internacional respecto de las obligaciones firmadas válidamente por la República, ¿por qué dicen que no son obligatorias?, ¿Por qué aceptan que tienen razón en la ONU en el 20% de los casos?, ¿Por qué sólo rechazaron el 26% de los casos?, ¿Por qué consideran una tarea pendiente el 66% de las observaciones?
Entonces, o son obligatorias o no son obligatorias. No pueden rechazar como “irrespetuoso” en una página el maltrato a las ONG y en la página siguiente decir que es una tarea pendiente por realizar mejorar las relaciones con las ONG.
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