El día martes pasado, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desarrolló un publicitado debate entre el Representante del Estado Venezolano y Paulo Sergio Pinheiro, Miembro Brasileño de la CIDH.
El representante venezolano acusaba a la Comisión, con los más groseros apelativos, de conspirar contra el gobierno, repitiendo las acusaciones que ya han coreado diversos agentes del gobierno, aquí y allá. El Comisionado Pinheiro contestó con un argumento simple y demoledor: Venezuela no está entre los estados con mayor número de denuncias ni tampoco en decisiones en contra y los países que anteceden nunca se han referido a conspiraciones por parte de la CIDH.
El represente Venezolano le dijo a Pinheiro que podría viajar a Venezuela cuando dejara la CIDH, antes no. La pregunta que surge es simple, ¿sabrán en Venezuela de la experiencia de Pinheiro en Derechos Humanos?, en su hoja de servicios destaca, Secretario de Estado para Derechos Humanos en Brasil en el Gobierno de Fernando H. Cardozo, Rapporteur del Secretario General de la ONU en Burundi y Experto en violaciones de Derechos Humanos de la ONU con rango de Secretario General Asistente, además reconocido activista y siempre crítico de la acción del Gobierno Venezolano en la materia. En otras palabras, poco importa que el Dr. Pinheiro sea o no miembro de la Comisión, siempre podrá verificar la situación y denunciarlas.
En el debate entre estos dos personajes, disponible en la red de la CIDH, uno de los aspectos más preocupantes tiene que ver con el descenso de las denuncias que se presentan en Venezuela. Por ejemplo, en el 2002 se registraron 88 casos y en el 2010 solo 44. Las razones podrían ser muchas y muy variadas, pero de una conversación en la calle se siente la desilusión de las personas que oyen de las sentencias ordenando al estado venezolano acciones, desde el caso de Leopoldo Lopez hasta las decisiones de RCTV, Globovisión, Martha Colomina sin que nada suceda. Sin embargo, al mismo tiempo los organismos internacionales presionan cada vez más al gobierno por su pobre desempeño en la materia.
Esto evidencia una pérdida de legitimidad de los venezolanos en el sistema, pero que perjudica a todos, especialmente a los funcionarios en el Gobierno. Porque los tratados de protección no fueron firmados por los estados para convertirlos en sus victimarios, sino para proteger a todos, incluso a sus propios miembros, como sucedió en el caso del golpe de estado de abril de 2011, cuando la Comisión solicitó información y protección para el presidente Chávez y los ministros cuyo paradero se desconocía.
Este debate viene a colación con una de las últimas frases de Gadafi antes de morir linchado por su pueblo, “clemencia, por favor”. Los derechos humanos son para proteger a todos, independientemente de su posición en el gobierno, porque al fin y al cabo, los cargos siempre pasan y la protección como personas debe ser respetada para ser exigida. Luego quizás sea muy tarde.
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