La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, dedicó dos días de su 90ª periodo de sesiones, a la prohibición del ex Alcalde Leopoldo Lopez, para presentarse a cargos de elección popular.
La Corte está integrada por siete magistrados electos por los 34 países miembros de la OEA, que representan a todo el continente, desde Centro América hasta Sur América, incluido el Caribe angloparlante. Todos con un solo objetivo, poner fin a las violaciones de los derechos humanos de las personas por parte de los estados de continente. Este caso, llega a manos de la Corte Interamericana, una vez que el Gobierno Bolivariano se negó a cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que le habrían permitido a Leopoldo Lopez competir en cualquier elección en Venezuela, pero particular a la Alcaldía Mayor de Caracas.
La solicitud de la Comisión, basada en la denuncia de Lopez, es una consecuencia de la decisión del Contralor General de la República de prohibir la postulación en cargos políticos de elección, como un procedimiento separado y autónomo de la multa de sanciones administrativas relacionadas con la gestión presupuestaria de los recursos del municipio Chacao.
El juicio es la fase final de un procedimiento de dos instancias que comenzó ante la Comisión Interamericana y que luego de un amplio intercambio, recomendó al Gobierno Bolivariano solucionar el caso. En las audiencias se presentaron 2 peritos por el Estado y 2 por el demandante, además de un testigo del Gobierno.
Sin embargo, Intentar prever el resultado final del juicio es difícil. El desarrollo general de las audiencias y en particular los excesos de los peritos propuestos por el Gobierno, incluidos los juicios de valor en contra de la Corte por uno de ellos, augura una decisión a favor de Leopoldo Lopez.
La pregunta de todos es la misma: si la decisión es condenatoria para el Estado, ¿acatarían el mandato? Veamos, si el Estado no acata la decisión, la Sentencia se une a las lista de incumplimientos de sentencias de la Corte Interamericana por parte de Venezuela. Sin embargo, esta sentencia es diferente, tendría un peso específico particular, porque sería un mandato para el Estado que afectaría directamente al Consejo Nacional Electoral y el desarrollo de la próxima campaña electoral.
En el año 2012, cuando la OEA acuerde la necesaria misión de observación para las elecciones presidenciales, en las cuales el Presidente Chávez sería candidato por cuarta vez consecutiva, tendrá que verificar si las elecciones son limpias y libres. Uno de los criterios será si se permitió a todos los ciudadanos la inscripción en las elecciones. En el caso de Leopoldo Lopez en particular, el examen será riguroso, porque tendría una sentencia que ordenaría al CNE que autorizará su inscripción como candidato.
En todo caso, incumplir la Sentencia tendrá un costo a corto y mediano plazo. Alguien tendrá que decidir cual tendrá el costo más bajo.
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