En este último artículo del año, a pocos días de la navidad de los cristianos, el ambiente de celebración debería propiciar un clima de paz y encuentro que permita la evaluación del año que termina, para prepararnos para el próximo. Pero la acción de la Asamblea Nacional y el Ejecutivo venezolano, forzando la aprobación de normas sin el debido consenso y discusión, hacen difícil la tarea.
Del paquete de leyes que se están discutiendo en la Asamblea Nacional, al menos cuatro han recibido críticas de los máximos organismos internacionales, es decir. la Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA). No son condenas de organizaciones no gubernamentales que pudieran ser descalificadas por servir a sectores o intereses particulares. No. La condena proviene de las organizaciones que representan a todos los gobiernos del mundo y de todo el continente americano.
La Ley Habilitante y la Ley de Cooperación Internacional han sido criticadas ampliamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por cercenar la participación y penalizar la ayuda externa a los particulares organizados; la Ley de Responsabilidad en Radio y TV, señalada por el Relator para la Libertad de Expresión de la ONU, por restringir el libre acceso al internet y la Ley de Universidades, que contraría los criterios esgrimidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en sus Declaraciones sobre Libertad Académica.
Estas expresiones del derecho internacional, en el marco de los más importantes organismos gubernamentales son la punta del iceberg de la crisis de la actuación diplomática de la República Bolivariana. Todos los organismos de protección de los derechos humanos han expresado su preocupación o condenada al Ejecutivo que gobierna Venezuela desde 1999. La ONU a través de los Comités de Derechos Económicos y Sociales, Contra la Tortura, Derechos Civiles y Políticos; la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus diversos comités, pero en particular en el referido a la Libertad Sindical. En la OEA, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han sancionado a nuestro país en diversas ocasiones, por claras violaciones de los derechos humanos.
Estas condenas en el ámbito internacional han creado una gran sospecha sobre el proceso venezolano, que se ha materializado en la imposibilidad del gobierno revolucionario de lograr un apoyo para la elección en estos organismos, como es el caso del Consejo de Seguridad de ONU, diversos comités en ONU e incluso la propia candidatura de Alí Rodriguez Araque para la Secretaria General de UNASUR.
El Gobierno parece darle la espalda a la comunidad internacional y con ella toda posibilidad de diálogo constructivo. El año que viene sentiremos el peso de la falta consenso y acuerdo democrático en muchas formas. Sin embargo, disfrute Ud. amigo lector de una Feliz Navidad. El año que viene, lo continuaremos analizando desde este enfoque externo.
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