América latina no cree en su institucionalidad

Ricardo Patiño, canciller de Ecuador, realizó una gira por los países integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con el objeto de lograr la ratificación mínima para que el organismo entre en funcionamiento. De los 12 países que integran Unasur, sólo Venezuela, Ecuador, Bolivia y Guyana han sometido y aprobado por parte de sus poderes legislativos el acuerdo de integración. Pero aún está muy lejana la meta de 9 estados para que el tratado adquiera plena vigencia.

En el año 2006 Venezuela solicitó su ingreso en el Mercado Común del Sur MERCOSUR, sin que hasta la fecha se haya producido una respuesta definitiva. Ese mismo año, Venezuela denunció su pertenencia a la Comunidad Andina CAN y aunque su decisión se aceptó de manera más o menos rápida, en nuestro país sigue en vigencia un conjunto de normas de tipo integracionista, comenzado por el propio arancel para las importaciones del país.

Esta tendencia de los países de América del Sur, muestra una propensión a dejar a un lado el estado de derecho y en particular la institucionalidad internacional. La política privará sobre el derecho.

Los países de Unasur se reúnen y designan Secretario General sin que el tratado entre en vigencia. Venezuela sale de la Comunidad Andina, no establece un Protocolo de salida donde se deje en claro la forma de cumplir con las obligaciones internacionales; cumple algunas normas y otras no.

Esta forma de resolver las relaciones entre los países del continente parece extenderse. El ALBA es un tratado que pretende realizar un proceso de integración, pero en la realidad jurídica es sólo un acuerdo bilateral entre Venezuela y Cuba, que se ha ido ampliando con la participación del resto de los socios. Pero en su letra pequeña, éste no tiene personalidad jurídica internacional, la estructura es incrementalista y evoluciona con cada reunión.

En el sur, Uruguay y Argentina acudieron ante diversos tribunales internacionales, hasta que la Corte Internacional de Justicia de La Haya resolviera de manera definitiva el conflicto por las papeleras del río Uruguay, pero aún no aceptan la forma en que se debe cumplir la sentencia.

En esta etapa de celebración bicentenaria, el continente debería pensar mucho en su institucionalidad y en la forma en que ejecuta su propia diplomacia. Mucho discurso y poca sustancia.