El enfrentamiento ideológico y personal entre los Presidentes de Venezuela y Colombia está complicándose dentro del ajedrez de la diplomacia mundial. Desde que Colombia anunció el retiro de la facilitación del Presidente Chávez en el proceso de canje humanitario en el 2007, ha pasado de todo: movilización de tanques, violencia en la frontera, paramilitares, espías, detenciones y mucha diplomacia de micrófono en la cancha venezolana. Por el contrario, en la cancha colombiana los micrófonos han estado bajo el control del Presidente Uribe, quien en varias ocasiones ha reiterado que el silencio es la línea y solo la presidencia o el Canciller Bermudez son los autorizados para declarar.
Pero este silencio está lleno de actividad. El Gobierno de Bogotá ha trabajado en una acción diplomática en dos vías: denuncia políticas en foros internacionales y el inicio de acciones legales en contra de Venezuela. Las denuncias políticas han sido constante en todas las cumbres, ONU, OEA, UNASUR y especialmente famosa la última de Cancún, donde el intercambio giro alrededor de la famosa frase: “sea varón”.
En el área jurídica, Colombia construye un expediente a través de notas diplomáticas donde se documentan las acciones de Venezuela. La última entregada el miércoles pasado en Bogotá, se solicita el cumplimiento de la asistencia consular prevista en los tratados vigentes en ocasión de la detención de los presuntos espías. La construcción de este expediente se complementó con la distribución de los materiales incautados en el campamento de Raúl Reyes en Ecuador a diversos gobiernos y tribunales internacionales. Asimismo, Colombia presentó dos quejas formales ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por las medidas discriminatorias contra productos de ese país y esta semana inició un caso contra Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un hecho inédito de la historia venezolana. Hasta la fecha, nunca ha prosperado una acción inter-gubernamental en el seno de la CIDH, ya que los requisitos formales y facticos son muy altos. Desde el punto de vista formal, todos los elementos jurídicos están completos; le tocará ahora a la CIDH decidir si el caso amerita su intervención.
Este entramado jurídico de denuncias contra el Gobierno Bolivariano de Venezuela, solo se ha referido a los nuevos temas. Pero la agenda negociadora pendiente entre los dos países tiene más de 20 años en vigor y poco se sabe que sucede en esas otras negociaciones en proceso.
Sin embargo, la agenda de delimitación marinas y submarias, cuencas hidrográficas y muchos otros temas de la vida fronteriza, no esperarán por nuevas agendas o nuevos presidentes.
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