La semana pasada, el sitio web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, anunciaba el inicio de la cuenta regresiva de un año, como consecuencia de la salida de nuestro país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, a la fecha, diez días después de la publicación por la CIDH del Informe sobre Venezuela, no se ha informado oficialmente si el Gobierno Bolivariano ha dado los pasos necesarios para abandonar el órgano de supervisión de los derechos humanos en el continente. Sin embargo, los medios de comunicación oficiales del gobierno, han difundido un conjunto de noticias, calificando a la CIDH como: “la mafia”, “la corte imperial”, entre muchos otros calificativos denigrantes hacia una de las instituciones de mayor prestigio y respeto en la comunidad internacional, en el área de los Derechos Humanos. La CIDH en unión de la Corte Interamericana conforman el sistema de protección de los derechos humanos para todos los países del continente. De los 25 países de la OEA reconocen la capacidad del sistema para investigar las violaciones de los derechos humanos que fueron establecidos en los tratados vigentes y firmados por nuestro país.
En el caso de nuestro país, la CIDH y la Corte, permitieron que los sobrevivientes de “El Amparo” no murieran víctimas de la represión, o que como sociedad evaluáramos “el caracazo”, o se investigara las desapariciones después del deslave en Vargas. Pero sobre todo, el sistema interamericano había ayudado a construir una cultura de lucha contra la impunidad, del respeto a los derechos del otro, si es que a eso lo llamamos derechos humanos. Los policías o las fuerzas militares siempre discutían, de una manera u otra, que había que respetar los derechos humanos, porque se investigaban en el exterior. En esa línea y dentro del espíritu de los primeros años del gobierno bolivariano, incluyó en el texto constitucional que las violaciones de derechos humanos no prescriben en el sistema legal venezolano.
La denuncia que pide el Presidente Chávez, que aún no se ejecuta, no comenzó el día siguiente a la publicación del Informe de la CIDH, comenzó con la interpretación que impide el desarrollo constitucional de los tratados en derechos humanos por parte del Tribunal Supremo de Justicia en esa materia. La denuncia por parte del Ejecutivo venezolano, cierra un capítulo en la historia de los derechos humanos para Venezuela y el continente. Se iniciará pronto otro.
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