La dinámica política de Venezuela parece nuevamente dilucidarse en el seno de la OEA. Esta semana, por diversas vías, el foro privilegiado de la política continental ha discutido el cierre de los canales de televisión, la represión de las manifestaciones y la problemática carcelaria. Las opiniones han tenido diversos orígenes: las condenas de Estados Unidos, Canadá, Colombia, entre otros; por otro lado, el propio Secretario General, José Miguel Insulza, ha hecho pública su condena por el cierre de los canales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus diversas relatorías, ha expresado sus opiniones.
A estas críticas por parte de los miembros, la Secretaría General y la Comisión Interamericana, debemos sumar las sentencias de condena a la República Bolivariana de Venezuela por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las condenas emitidas por el Tribunal Interamericano obedecen a motivos tan diversos como: personas desaparecidas en el deslave del Estado Vargas, la destitución de los Magistrados de la Corte Primera o el encarcelamiento al General Usón.
Frente a esta consistente y creciente presión del órgano depositario de la función de vigilancia y defensa la democracia en el continente, debemos recordar la recomendación formulada por el Tribunal Supremo de Justicia al Ejecutivo en el año 2009, en la sentencia que somete al análisis la decisión sobre la destitución de los Magistrados, según la cual Venezuela debe abandonar la OEA.
Ningún país del continente ha abandonado de manera voluntaria la organización. No importa la clase de dictadores o la intensidad de su proceso interno, ningún país ha dejado el campo abierto a las críticas políticas de la OEA. Los generales sureños en los setenta u ochenta, las dictaduras centroamericanas e incluso el Gobierno de Fujimori del Perú, siempre hicieron esfuerzos y malabarismos para garantizar el sillón en la organización. Pinochet y Videla autorizaron la visita de la Comisión Interamericana, Fujimori recurrió a tecnicismos para reducir la injerencia de la organización.
Pero después de que la OEA usara toda su fuerza para restituir y garantizar al Presidente Chávez un clima de gobernabilidad después del 11 de abril de 2002, el Gobierno Bolivariano ha cerrado la colaboración con el organismo. La tensión sube a cada momento y los mecanismos que inician sanciones a los estados ya fueron puestos en marcha. Venezuela está bajo la observación de la OEA. Solo el tiempo dirá quien tuvo la razón.
Comentarios