La OEA ha tenido que convivir con 2 golpes de estado en los últimos años: Venezuela en el 2002 y ahora Honduras.
En la situación venezolana, se reunió el Consejo Permanente luego de una enérgica condena del Grupo de Río y se designó al Secretario General Gaviria, para que viajara a nuestro país, “presidiendo una comisión que estableciera lo que había sucedido y ayudara a promover la normalización del régimen democrático.” CP/RES. 811 (1315/02)
Estas gestiones de la OEA culminaron en una Mesa de Negociación y Acuerdo que a la postre fortaleció al Poder Ejecutivo venezolano y debilitó a la oposición. Mientras eso sucedía el Ejecutivo venezolano permitió la participación de la OEA y la Comisión de Derechos Humanos. Al estabilizarse la situación interna, el Gobierno cerró las puertas a cualquier seguimiento. Todavía hoy, la Comisión Interamericana solicita autorización para visitar el país, con la misma respuesta negativa.
En el caso Hondureño, nuevamente un Grupo de países pero ahora del ALBA, de manera más violenta solicitan la intervención de la OEA y también se aprueba una Resolución, pero muy distinta al caso venezolano, en la cual se instruye al Secretario General para que “…realice las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y el estado de derecho, y la restitución del Presidente Zelaya (…) en un plazo de 72 horas.” AG/RES. 1 (XXXVII-E/09)
En la situación Hondureña, el Secretario General Insulza no recibió la instrucción de dialogar, sino que recibe el encargo de imponer una solución en 72 horas, sin antes realizar las gestiones propias de cualquier organismo diplomático y posteriormente informar a quienes le otorgaron el mandato. No se produce el dialogo con los actores constitucionales, ni con las fuerzas vivas. Nada.
Si el Secretario Insulza viajó a cumplir el cometido de contar el fin de las 72 horas en Tegucigalpa, la respuesta de Honduras fue la lógica de un gobierno que entiende que está acatando su constitución, aunque las formas lo condenen y no haya espacio para discutir del fondo.
Las condenas y retiro de embajadores de América Latina y Europa en la situación de Honduras no dejan de sorprendernos. La condena al golpe hondureño es unánime; las fuerzas armadas no pueden secuestrar a un Jefe de Estado y llevarlo fuera del país.
Pero la unanimidad en la condena de la comunidad internacional en la crisis hondureña no se compadece con situaciones más urgentes y graves como las de Sudan con el auto de detención del Presidente parte de la Corte Penal y su responsabilidad directa en más de 300.000 muertos o la situación en Irán, Cuba o Corea del Norte, por sólo nombrar los casos urgentes.
Publicado en el diario "El Nuevo Pais" de Caracas, el 5 de julio de 2009
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