El gobierno venezolano desconoció sus obligaciones diplomáticas en el caso del asilo concedido por El Vaticano a Nixon Moreno.


La salida del líder estudiantil Nixon Moreno de la Nunciatura Apostólica, hubiera terminado sin mayores daños para el grave expediente diplomático entre el Gobierno Bolivariano y el Estado Vaticano. Sin embargo, las declaraciones del comisario Wilmer Flores, Director del CICPC, en las que denuncia a la Embajada Vaticana por no permitir la entrada de policías para realizar a las investigaciones, parece ser el nuevo capítulo de esta historia.

El asilo es una de las grandes instituciones del derecho, tanto doméstico como internacional. En el ámbito nacional, el asilo en las iglesias es parte de la historia de muchos perseguidos. En el internacional, se constituye en una de las grandes instituciones del derecho latinoamericano, codificado en tres convenciones de la OEA. Las mismas forman parte del derecho consuetudinario y como tal vincula a todos los estados del continente y aquellos que se enfrentan a situaciones que originan el asilo, como el Estado Vaticano.

Esta institución está enraizada en historia diplomática de Venezuela, desde que José Tadeo Monagas se asiló en la Embajada de Francia en Caracas para evitar su captura en 1858. De Caracas salió sin novedad, ni ataques de sus enemigos políticos.

El derecho al asilo implica una doble obligación para los estados partes: no violentar la sede de la embajada y otorgar el salvoconducto para que el asilado pueda abandonar pacíficamente el país. Ambos fueron desconocidos por el gobierno venezolano en el caso de Nixon Moreno.

Pedro Carmona, uno de los responsables públicos del golpe de estado de abril de 2002, recibió sin ninguna demora del Gobierno Bolivariano el salvoconducto con el cual viajó a Bogotá. Pero el caso de Nixon Moreno es distinto, el Gobierno Bolivariano lo ha hecho distinto.

La Embajada de Vaticano solicitó en varias ocasiones tramitar el salvoconducto ante el Gobierno Bolivariano, pero nunca recibió respuesta positiva. Y el tiempo fue pasando, casi dos años estuvo como huésped de la Nunciatura. Mientras grupos paramilitares se dedicaron a hostigar la sede de la Embajada del Estado Vaticano, pintarla y agredirla en violación del derecho diplomático y de la Convención de Viena en la materia. Y ahora, la acción del CICPC se suma a esas violaciones.

Esperemos que en próximas horas la Fiscalía General de la República comience las mismas averiguaciones que se emprendieron en el caso de la Embajada de Cuba en el año 2002 y se castiguen a los culpables, por violar las garantías mínimas del funcionamiento de las relaciones entre los estados civilizados y se detengan las violaciones al derecho internacional.

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