El comienzo de la Administración de Barak Obama no ha sido fácil. El sistema de equilibrio entre la Presidencia y el Congreso requiere la aprobación de las personas que llevaran adelante el Gobierno. Todos y cada uno de los secretarios ha pasado por audiencias e interrogatorios, incluida la propia Senadora Clinton; el Secretario del Tesoro confesó no haber pagado sus impuestos a tiempo, pero fue confirmado. El Secretario de Salud, el candidato a Secretario de Comercio y el Supervisor Federal no fueron aprobados.
Sin embargo, lo más espectacular ha sido el caso del Gobernador de Illinois Rod Blagojevich, quien era investigado por el FBI por casos de corrupción y fue detenido al grabarle conversaciones en las que negociaba la forma de designar, precisamente, la silla de senador del ahora Presidente Obama.
El Gobernador fue destituido por el Senado del Estado de Illinois en el típico proceso político. Sin embargo, el Gobernador se negó a reconocer la naturaleza política del juicio y clamaba que no se les reconocían sus derechos humanos, el debido proceso y las garantías que se le otorgan al ciudadano frente al Estado.
Esta anécdota de la vida política de EE.UU. pone sobre la mesa uno de los excesos que defienden algunos políticos al reclamar el disfrute de los derechos humanos al igual que los ciudadanos que los han elegido. Es decir, además de tener el poder quieren las garantías que protegen a los ciudadanos de ellos mismos.
En el constitucionalismo que esgrimen los políticos en la actualidad hay mucha revolución francesa y poco de revolución inglesa. La primera, reconoció a todos los ciudadanos unos derechos frente al estado; mientras que la inglesa 100 años antes, le cortó la cabeza al Rey por no respetar la constitución.
La Constitución tiene como objeto fundamental controlar al jefe del estado. No para reconocerle o ampliarle derechos que fueron negados por el propio texto. Pongamos un ejemplo, el Presidente debe actuar en seguimiento de lo establecido por la Ley, a eso se llama el principio de la legalidad. Los ciudadanos por el contrario, pueden hacer todo lo que la Ley no les prohíba. Ahora los Presidentes quieren eso, hacer todo lo que hacen los ciudadanos pero con los privilegios del poder.
A eso en mi pueblo, lo llamaban la Ley del Embudo. El Gobernador Blagojevich clamó por la validez de esa Ley ante el Senado de Illinois. Pero esta vez los Senadores le dijeron que no y lo destituyeron.
Publicado en el diario El Nuevo Pais de Caracas.
La fotografia el Gobernador Blagojevich frente al Senado de illinois.
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