El cierre del campo de prisioneros de Guantánamo, le permite a Obama cumplir su promesa electoral y devolver a los EE. UU. al Derecho Internacional en su lucha contra el terrorismo.
La creación de ese campo de prisioneros fue una de las fatídicas respuestas del miedo, luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001. La sociedad de ese país entró en un falso dilema, seguridad por garantías judiciales. Como consecuencia los EE. UU. se embarcaron en un deterioro del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y al mismo tiempo del papel de ese país en la sociedad internacional.
El campo de prisioneros en Guantánamo se abrió para detener de manera preventiva a aquellas personas acusadas de colaborar en las redes de terrorismo, pero cuyas pruebas quizás no resistieran el examen del riguroso procedimiento judicial en EE.UU. La Suprema Corte, espero 3 años para examinar la situación y expresó que no se podía dar un “cheque en blanco” para recluir personas de manera indeterminada. Decisiones posteriores fueron restringiendo su acción, pero nunca ordenaron su cierre.
El problema ahora tiene dos fases, definir el problema legal de los que aún permanecen en custodia y luego trasladarlos fuera del territorio del enclave. Según informó el Pentágono, 779 personas estuvieron detenidas en esas instalaciones y aún permanecen 250, de los cuales 97 son yemeníes, 27 afganos, 17 chinos, 13 sauditas, 12 argelinos, 10 sirios, por nombrar las nacionalidades mas representadas.
Estos personas deben ser juzgadas, con la normas del Derecho Internacional Humanitario ya que fueron detenidos en el contexto de la guerra contra el terrorismo y las subsecuentes invasiones a Afganistán e Irak y luego condenadas o absueltas. Una vez que se aclaré su situación legal, muchos grupos abogan por su traslado a sus países de origen o terceros estados, para que culminen su condena.
Un buen ejemplo lo representa el chofer de Osma Bin La Den, quien después de muchos años de retención, fue juzgado y condenado en un tribunal militar a cinco años y medio de cárcel, aunque los fiscales pedían cadena perpetua. El tribunal además, le concedió el tiempo de retención para computar la pena y podría salir a finales de este año en libertad.
Publicado en el diario El Nuevo Pais, Caracas, 25 de Enero 2009
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