Después de muchos meses de dudas y declaraciones ambiguas, el Presidente de Venezuela anunció en la cumbre de Cochabamba, el 17 de octubre, que “Venezuela jamás construirá una bomba atómica.” (Agencia EFE). La declaración presidencial no sorprendió a nadie y confirmó las preocupaciones que existen en la comunidad internacional sobre los programas que adelanta la república bolivariana en sus relaciones con Irán. Sin embargo, en el debate nacional la preocupación por la supervivencia diaria, dejaron el comentario a un lado; pero una declaración como esa no puede dejarse pasar.
La Constitución vigente, establece que Venezuela tiene entre sus objetivos de política exterior lograr el desarme nuclear. Sin embargo, el 4 de febrero del 2006 Venezuela en su condición de país miembro del Consejo de gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), votó en contra de imponer sanciones a Irán por no atenerse a los controles de la propia agencia. En esa ocasión 35 países votaron a favor de las sanciones, solo 3 países, Siria, Cuba y Venezuela se opusieron. De allí en adelante, Venezuela se ha negado a cumplir con el conjunto de Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que imponen sanciones al país persa por no permitir la supervisión de su programa nuclear. Las sanciones buscaban establecer un cerco financiero, aéreo, comercial e industrial que obligara al país a permitir la supervisión de los agentes de la AIEA. Sin embargo, Venezuela a través de las empresas, bancos y acuerdos de cooperación con Irán ha violado las resoluciones de ONU. Los vuelos directos entre Caracas-Damasco-Teherán han sido objeto de la atención por parte de la prensa mundial. Y el denominador común de todas las acciones es el tema nuclear.
Es por ello que el anuncio presidencial en Cochabamba no puede ser tomada como una declaración aislada, ya que varios miembros del gabinete se han referido al tema con diversos niveles de coherencia. Este uso de la carta nuclear en la política internacional venezolana, es único en la historia. Esta política va en contra del consenso continental antinuclear expresado en el Tratado de Tlatelolco de 1967, que Venezuela firmó ese mismo año y ratifico en 1970.
La Constitución y la tradición de paz de nuestro país prohíben el ingreso a la carrera nuclear. Los riesgos de carácter ambiental asociados a la energía atómica son muy graves, pero serían pocos en comparación con dotar a nuestro país de armas nucleares ofensivas en el continente.
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